Desde inicios de diciembre estamos viviendo uno de los episodios más convulsos de nuestra historia reciente.

Expresamos públicamente lo que venimos constatando en la atención psicológica: la grave rotura del tejido social y el estado de consternación por la violencia desatada. Asimismo, necesitamos sumarnos a las condolencias por los 27 peruanos que murieron por la represión estatal y solidarizarnos con sus familias, amigos y comunidades, marcados ahora por un dolor injusto. Nos pesa e indigna más que haya víctimas adolescentes y jóvenes, sus tempranas muertes son signo de la fragilidad de la vida en el Perú.

Sobre la situación, en primer lugar, nos posicionamos contra la represión de las fuerzas del orden y la acusación rápida y vejatoria que viene justificándola (“vándalos”, “terroristas”). La evidencia señala el uso de perdigones de metal y balas, tal como denuncian organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Saludamos, por eso, que el Ministerio Público haya emprendido la investigación de los hechos, especialmente a los responsables por la matanza en Ayacucho. No es una acción menor dado que la región está marcada a sangre y fuego por el Conflicto Armado Interno. Las 27 muertes no deben quedar impunes.

En segundo lugar, rechazamos el uso del “terruqueo” para deslegitimar la protesta social, que es un derecho y una vía necesaria que revitaliza las democracias. El insulto de “terrorista”, además erróneo política y legalmente, también lastima psíquicamente a las personas y las agravia moralmente. No es estigmatizando que nos hacemos mejores personas o que construimos una mejor sociedad. El manoseo del término banaliza la gravedad del terror y normaliza la mentira y la falta de respeto hacia las personas. Se nos hizo costumbre distorsionar los hechos, insinuar malas intenciones en el otro o abiertamente insultarnos. El “terruqueo” y toda forma de ataque verbal nos revela rígidos y autoritarios, intolerantes con las discrepancias políticas. Debemos preguntarnos si es así como queremos ser.

También manifestamos, en tercer lugar, nuestra preocupación por la falta de partidos y liderazgos amplios y convocantes. Son comprensibles las expresiones de ira y frustración cuando muchos derechos fundamentales son conculcados, pero en democracia -por más precaria que sea- debemos insistir en hacer política y rechazar la ira destructiva en reemplazo de la palabra o el reconocimiento de la vida del otro. Así, por ejemplo, si bloquear una carretera es una medida de fuerza para hacerse escuchar, la retención de personas o impedirles el acceso al agua y alimentos terminan siendo acciones contradictorias. Es un contrasentido defender derechos desinteresándonos por la suerte de otros. El trato humanitario nunca deslegitima o debilita la movilización; al contrario, nos reafirma en la práctica de los valores que demandamos. Nos parece necesario, entonces, obligarnos a desarrollar las consecuencias que se desprenden de enunciados que idealizan la violencia, pues terminan justificándola y afianzándola como sentido común. Esto luego autoriza su práctica y cualquiera puede sentirse avalado de ejercerla a discreción. En la intimidad y en las calles, la existencia del otro siempre nos impone un límite que debemos incorporar. Urge, entonces, que volvamos a la acción política y hacer que la ley y la ética se reanuden, sobre todo ahora que estamos ante la posibilidad, muy concreta, de instalarse un gobierno cívico-militar.

Finalmente, expresamos que nuestra labor nos permite ver el daño producido por la precariedad y el abandono social. La vulneración de derechos fundamentales desidentifica a las personas y a los grupos, coacta subjetividades y promueve reacciones desorganizadas, lo que socaba la confianza en el otro y torna inviable el sentimiento de conjunto. Sin justicia social no construimos bien común. La salud mental no florece en la desigualdad y la inequidad. No tenemos más camino que aceptar el diálogo: Lo contrario es apostar a probar fuerzas y destruirnos hasta el final.